Si han leído el articulo referente a las pérdidas y ganancias de la actividad furtiva de pesca de inmaduros, tal vez hayan percibido la redondez de este negocio. Así es, pero, como ilegal y furtivo que es, está expuesto fuertes sanciones. La lucha contra la pesca de inmaduros es materia prioritaria para la Administración pesquera de ámbito autonómico, estatal y comunitario. Y a ella se añaden las Fuerzas del orden Público.
El peso de la Ley de Pesca Andaluza cae duramente sobre los infractores, tanto si se trata de pesca profesional, recreativa, o furtiva, tipificándola como una infracción de carácter «grave», y con sanciones que pueden llegar con facilidad hasta los 60.000 euros.
La pesca furtiva de pescado inmaduro, conlleva en sí varias infracciones a la vez, todas ellas de carácter grave: el ejercicio de una actividad sin la correspondiente autorización y sin figurar en los censos; el incumplimiento de horarios reglamentarios; la ausencia de documentación de la embarcación y tripulantes; el uso y tenencia a bordo de artes, aparejos o útiles de pesca no reglamentarios; la descarga en lugares no autorizados; la pesca, tenencia, transbordo o desembarco de especies que no alcancen la talla reglamentaria, o que se encuentren vedadas; la no comercialización en primera venta; etc.
Lo mismo podríamos decir de la tenencia, el transporte, el almacenamiento, la transformación, la exposición y la venta, en cualquiera de las formas previstas legalmente, de productos pesqueros prohibidos o de talla o peso inferior a la reglamentada, y sin la documentación reglamentaria. Igualmente son tipificadas como «graves» por la legislación estatal vigente, y sancionables con multas de hasta 60.000 euros, dependiendo, entre otros factores, de la cantidad de pescado decomisado, la reincidencia, etc.
Aparte de las sanciones directas, se imponen las sanciones accesorias, como la incautación de artes, embarcaciones, el decomiso de los productos, etc.
Estamos hablando, claro está, de la vía administrativa. Las sanciones por la vía penal podrían conllevar cárcel, si el delito llega a ser estimado por el Juzgado de lo Penal, dado que transporte y venta de inmaduros, conlleva la adición de un conservante, natural o sintético, lo que supone un peligro para la salud pública.
En los últimos 12 años, han sido mas de 1.800 los expedientes sancionadores incoados en la Delegación Territorial de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente de Málaga, por infracciones relacionadas con inmaduros, ya sea por pesca, transporte o comercialización, tanto en el ámbito de mayoristas como de minoristas en pescaderías y en el sector de la restauración.
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